Protocolo permite al Gobierno desbloquear presupuesto de Salud en la Cámara Baja

Un protocolo de acuerdo presentado por el Gobierno, justo antes de la votación, permitió desbloquear la partida de Salud del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, que aprobó y despachó las principales glosas que habían sido rechazadas anteriormente en la comisión especial mixta.

El Ejecutivo logró reponer, este jueves, el financiamiento para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Atención Primaria de Salud (APS), la Subsecretaría de Redes Asistenciales y más de treinta servicios de salud a nivel nacional. Este avance fue impulsado por el compromiso expuesto en sala por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras dialogar con los parlamentarios.

En la sesión previa, los diputados de la comisión del ramo consideraron que el monto asignado, que asciende a 16 billones de pesos, era insuficiente, siendo este el segundo más alto dentro del erario público propuesto para 2025. El acuerdo presentado por la ministra incluye 17 acciones, destacando una clave relacionada con la reasignación de recursos para reducir de manera más ágil las listas de espera hospitalarias.

El protocolo establece un aporte adicional de 70.000 millones de pesos. Sin embargo, se debe considerar si, efectivamente, hay recursos disponibles después del primer trimestre para realizar esta reasignación. Para nosotros es prioritario, pero el Gobierno también tiene otras necesidades que atender, comentó Aguilera. Fuentes externas citadas por la ministra estiman que el costo adicional para absorber a todos los pacientes actualmente en listas de espera podría alcanzar 70.000 millones de pesos anuales durante un período de tres años.

Además, el protocolo contempla medidas para la APS, incluyendo un plan de seguridad y la inclusión de esta en la Ley de Infraestructura Crítica, así como un análisis de indexadores para calcular el financiamiento per cápita, uno de los puntos debatidos por los diputados, quienes solicitaron avanzar lo más posible a 12.960 pesos, mientras que el presupuesto original se fijaba en 11.794 pesos.

El diputado Eric Aedo (DC) opinó que este acuerdo es positivo, destacando que permitirá mayor seguridad en los centros de salud y un aumento del per cápita en la Salud Primaria, que podría incluso superar lo solicitado por la Confusam, estimándose en torno a los 13.000 pesos. Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino, independiente de la bancada del Partido Radical, valoró el incremento de los indexadores, lo que eleva el promedio del aporte basal a aproximadamente 13.123 pesos, aunque subrayó que sigue siendo bajo en relación a las expectativas.

Otros compromisos del protocolo incluyen mejoras en la gestión de salud, con una glosa que regulará las compras a sociedades médicas, un proyecto de subsidios por incapacidad laboral y la intención de acelerar una ley que sancione a los grandes emisores de licencias médicas. En el ámbito hospitalario, se propone la actualización del plan de productividad quirúrgica e incentivos para la contratación médica por mayor cantidad de horas.

En la votación de este jueves, la Cámara rechazó la glosa sobre el financiamiento para hospitales concesionados, por lo que el Minsal buscará reponerla en el siguiente trámite constitucional que se llevará a cabo en el Senado.

En otro aspecto relacionado con el Presupuesto 2025, la derecha conservadora incorporó políticas en contra de las terapias hormonales en menores. Como suele suceder en la discusión del presupuesto, los diputados también incluyeron enmiendas sobre políticas públicas permanentes. En este caso, la derecha más conservadora agregó una indicación que fue aprobada en sala, que frena el financiamiento de terapias hormonales feminizantes o masculinizantes en menores de edad.

A nivel mundial, hay controversias respecto a la hormonización de niños y las operaciones relacionadas. La evidencia científica sobre este tema es muy débil y los países que han aplicado estas prácticas han comenzado a retroceder. Esperamos que el Gobierno haya comprendido este mensaje: los niños deben ser protegidos y sus derechos resguardados, afirmó la diputada Francesca Muñtíoz del Partido Social Cristiano. El texto detalla que el Ministerio de Salud no podrá financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos destinados a la terapia hormonal.